Ciriza, frreo defensor de esta infraestructura, lamenta que los plazos exigidos por Europa para hacer los proyectos han impedido usar fondos Next Generation
El consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Ciriza Pérez (Falces, 1955), muestra satisfacción por el trabajo desarrollado durante la legislatura para avanzar en la construcción del Canal de Navarra. “En plena pandemia, en abril de 2020 reactivamos Arga 4, y a partir de ahí hemos continuado con el ramal del Ega y con la segunda fase para abastecer de agua de calidad a la Ribera”, cuenta el consejero. “Ha costado mucho llevar a cabo cada uno de estos hitos”, repite, al mismo tiempo que confiesa: “Seguimos trabajando porque queremos más”. A finales de 2023 se licitarán las obras para construir las dos tuberías soterradas del Canal correspondientes a la segunda fase, con un coste de 249,7 millones, y un periodo de ejecución de cuatro años.
¿Cuándo empezarán estas obras?
–Hablamos de procesos largos, pero ojalá que se pudiera a partir de 2024.
¿Cuándo beberán agua de Itoiz los habitantes de la Ribera, y se abastecerá de ella industria y regantes?
–No me atrevo a poner una fecha porque siempre surgen imprevistos que modifican las previsiones. La Ribera tiene mucha prisa por disponer de agua de calidad, pero este proyecto se ha retrasado por el Gobierno de Yolanda Barcina. En 2012, Javier Esparza, cuando ocupaba la consejería de Desarrollo Rural, decidió priorizar la ampliación de la primera fase, que no estaba proyectada, sobre la segunda, que sí estaba contemplada. Si no hubiera propuesto ese cambio, ya habría más de 70.000 riberos utilizando agua de Itoiz, y actualmente la construcción de la ampliación de la primera fase estaría parecida o similar a como se encuentra ahora. En definitiva, la Ribera no tiene todavía agua del Canal por las decisiones de UPN.
Los fondos europeos fueron una opción de financiación, ¿por qué ya no?
–Esta infraestructura encajaba en los fondos Next Generation. Pero hemos tenido que descartarlos porque la UE exigía que todo el proyecto tendría que estar terminado en 2026, un plazo que no podía cumplirse. La segunda fase del Canal se presenta como un proyecto más complejo de lo que las personas pueden imaginar, al englobar regadío y agua de abastecimiento para viviendas e industria.
¿Cómo van a financiarse los 249,7 millones de coste de la dos tuberías soterradas?
–El 50% entre el Estado y el Gobierno de Navarra a través de los presupuestos ordinarios; y el otro 50% se encarga Canasa, mediante financiación bancaria a 30 años que irá cubriendo con sus ingresos procedentes de los usuarios. Ese 50% del Estado y Navarra se repartirá en un 60% el primero y en un 40%, la Comunidad Foral.
En estos momentos está pendiente la licitación de la obra de la construcción de las tuberías del Canal, y después quedarían los tramos para conectar con fincas y agua de boca. ¿Para la siguiente parte se descarta el peaje en sombra?
–Sí. Este Gobierno claramente ha mostrado su rechazo a la fórmula de los peajes en sombra, como han manifestado todos los socios.
¿Cuál sería la mejor opción?
–Esta parte del proyecto no compete a la consejería de Cohesión Territorial sino a Desarrollo Rural y Medio Ambiente, a través de Intia. Sería prematuro hablar de quién se encargaría de ello, plazos y forma de pago.
Si este Gobierno no es partidario del peaje en sombra que como consecuencia los ramales de la primera fase y ampliación se gestionan de manera privada. ¿La solución sería crear una empresa pública?
–Como he dicho anteriormente, es prematuro abordar esta cuestión.
La ampliación de la primera fase se retrasó por las modificaciones posteriores ante el rechazo de comunidades de regantes a entrar una vez iniciadas las obras. ¿Van a preguntar a los regantes de la Ribera antes?
–Hablar con todas las comunidades de regantes es un proceso establecido, y ya se hizo en su momento.
¿La Ribera podrá regar las hasta 21.522 hectáreas proyectadas?
–Tras comenzar a regar la primera fase y la ampliación se ha comprobado que los regantes han consumido menos agua de la prevista, por lo que en la Ribera podría llegarse a esas 21.522 hectáreas. En estos momentos, existe demanda de hectáreas para entrar en la primera fase y en la ampliación, pero vamos a respetar a los regantes de la segunda fase, porque su proyecto estaba previsto y se retrasó por una decisión del Gobierno de Yolanda Barcina en 2012.
¿Cuándo concluirá el ramal del Ega correspondiente a la ampliación de la primera fase?
–Está previsto que en 2023 pueda regarse ya. En octubre del año pasado pudimos reactivar Lerín; en Ega 3 (Sesma), el 70% de las obras ya se han ejecutado; y en Ega 4 (Cárcar) van a transformarse más de 400 hectáreas de secano en regadío. Posteriormente el resto de tramos irán rápido porque son zonas con mucho viñedo, principalmente de la Denominación de Origen Calificada Rioja, en el que ya se riega, y aquí hay que cambiar el agua de dudosa calidad por la de Itoiz.
En relación a otras materias que dependen de su departamento, ¿la ley para implantar peajes a camiones es impopular pero necesaria?
–Es una normativa necesaria, en línea con lo que marca Europa; y mantenemos reuniones periódicas con el colectivo de los transportistas. Los presupuestos se confeccionan para asegurar el estado de Bienestar, con sus pilares como la educación, la sanidad y los derechos sociales; y el canon se convierte en una solución para unos presupuestos limitados. Y es que debemos tener en cuenta que Navarra tiene que pagar 75 millones en peajes en sombra; y los camiones deterioran las carreteras mucho más que los coches. Además tenemos un expediente de sanción desde hace muchos años en Europa que estamos evitando relacionado con los túneles de Belate y Almandoz, por el que nos los pueden cerrar. La duplicación de este túneles va a costar unos 176 millones.
