El caso de los informes elaborados por personal del Ayuntamiento de Pamplona para Navarra Suma ha dado un giro de consecuencias impredecibles después de que la mayoría municipal se haya puesto de acuerdo para poner en marcha una comisión de investigación que aclare lo sucedido.
El detonante ha sido que el concejal delegado Juan José Echeverría reconociera ayer lunes que el responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Gonzalo Pérez Remondegui, elaboró un informe para la coalición UPN-PP-Cs en contra de la planta de residuos proyectada en Imárcoain.
Aunque el edil de Navarra Suma trató de justificar su actuación diciendo que fue “una defensa de lo público”, EH Bildu, PSN y Geroa Bai dudan de las verdaderas intenciones de Navarra Suma y están decididos a llevar el caso hasta sus última consecuencias.
El asunto fue desvelado el viernes por Joseba Asiron: un peritaje informático comprobó que Remondegui empleó más de 30 horas desde su ordenador oficial del Consistorio y en horario laboral para los trabajos de Navarra Suma en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).
El concejal Echeverría firmó después las citadas alegaciones, con el membrete de Navarra Suma, en el órgano mancomunado.
Ayer lunes, explicó que el director de la asesoría jurídica “asesora al Ayuntamiento en todos los temas que son del interés del Ayuntamiento” y, a su juicio, lo relativo al citado centro, en el que “ya van perdidos” 11 millones de euros, es “de gran interés para el Ayuntamiento de Pamplona y sus ciudadanos”.
Echeverría aseguró que presentó las alegaciones en “defensa de los intereses de los ciudadanos de Pamplona y de la Mancomunidad” como concejal y miembro de la MCP.
El caso también ha tenido su impacto en la Mancomunidad por el hecho de que Remondegui, funcionario en excedencia y cargo de libre designación de Navarra Suma en el Ayuntamiento, haya elaborado informes de parte desde un puesto “sujeto al código ético del Estatuto del personal al servicio de las Administraciones Públicas y, en especial, a los de imparcialidad, independencia y lealtad institucional”.
Con la única excepción de Navarra Suma, la mayoría de la Comisión Permanente de la Mancomunidad ha pedido explicaciones al alcalde Enrique Maya en relación al uso de medios y personal municipal para redactar las alegaciones de Navarra Suma contra las decisiones de la Mancomunidad.
Los representantes de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y los independientes secundaron un ruego en el que trasladan al alcalde Maya su deseo compartido de que “se analice y aclare lo denunciado de forma suficientemente satisfactoria”.
Un segundo ruego suscrito por todos los grupos políticos salvo Navarra Suma consideró además lo ocurrido como “muy grave”.
Dado que el responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pamplona es, a su vez, letrado funcionario de la Mancomunidad, este ruego pidió “que se clarifique la situación y si su proceder ha podido suponer un menoscabo al deber que tiene de lealtad respecto a la institución en la que ahora trabaja y respecto a la institución de la que procede”.
