El alcalde de Pamplona Enrique Maya ha paralizado la creación de una Comisión Especial que investigue el uso de recursos municipales en beneficio de la coalición Navarra Suma.
Con el argumento de que tenía dudas jurídicas sobre la propuesta de EH Bildu para poner en marcha dicha comisión, el alcalde ha solicitado durante el Pleno de este jueves la intervención del secretario municipal para que diera su opinión al respecto.
En una breve intervención, el secretario ha asegurado que necesitaba tiempo para analizar las cuestiones legales de la iniciativa, tras lo que el alcalde ha decidido directamente suspender el debate.
El portavoz de EH Bildu Joseba Asiron ha tomado la palabra a continuación para criticar la medida y ha anunciado que los integrantes de su grupo municipal abandonaban la sesión plenaria en protesta por la suspensión.
Antes de que los 7 concejales abertzales salieran del Pleno, han tomado la palabra Javier Leoz (Geroa Bai) y Maite Esporrín (PSN) para indicar que esperarán al dictamen del secretario antes de adoptar ninguna decisión y han solicitado que el informe no se demore.
El asunto ha monopolizado el Pleno de principio a fin. Quince minutos antes de su inicio se ha celebrado una Junta de Portavoces en la que los representantes de Navarra Suma han tratado por todos los medios de que la moción de urgencia se retirara.
El argumento empleado por el equipo de Gobierno, según las fuentes consultadas por este periódico, es que había un riesgo laboral con la persona aludida en este caso.
Se trata del responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, Gonzalo Pérez Remondegui, cargo de libre designación, quien elaboró un informe para la coalición UPN-PP-Cs sobre la planta de residuos proyectada en Imárcoain.
Un peritaje informático que desveló EH Bildu el pasado viernes asegura que Remondegui empleó más de 30 horas desde su ordenador oficial del Consistorio y en horario laboral para los trabajos de Navarra Suma en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP).
No han servido los argumentos empleados por Navarra Suma, ya que EH Bildu, con el respaldo de PSN y Geroa Bai, ha presentado la declaración, que finalmente no ha podido ser votada por la decisión del alcalde, quien ha llegado a asegurar que se podía estar vulnerando la legislación.
El objetivo de la Comisión Especial es determinar la labor realizada por el citado responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y los encargos de partido que hubiera podido recibir del concejal Echeverría o de cualquier otro integrante de Navarra Suma.
Para evitar que Navarra Suma pueda bloquear la propuesta, se ha fijado con claridad su funcionamiento.
La Comisión Especial estará compuesta por el mismo número de representantes políticos que tienen las comisiones informativas ordinarias nominados por cada grupo y que la presidencia y vicepresidencia recaerá en personas pertenecientes a cualquiera de los grupos de la oposición para garantizar su imparcialidad.
Las peticiones de comparecencia, incluso para personas ajenas a la institución, se entenderán aceptadas “siempre que cuenten con el respaldo mayoritario de la Comisión”, por lo que “la presidencia estará obligada a convocarlas”.
En cuanto a las sesiones de esta comisión pide que sean “públicas con acceso a la ciudadanía y a los medios de comunicación” y que “la primera convocatoria” se realice “en un plazo no superior a los diez días desde la aprobación de este acuerdo, sin que en ningún caso pueda coincidir el mismo día con otras Comisiones Informativas o sesiones de Pleno”.
Por último de su extinción señala que “se producirá cuando haya terminado de desarrollar las funciones que motivaron su creación”, lo que determinará un dictamen, para cuya elaboración se elegirá una persona ponente de entre los miembros de la Comisión, que deberá refrendar la mayoría.
