El parlamentario de EH Bildu en la Cámara navarra y líder del sector crítico de Eusko Alkartasuna, Maiorga Ramírez, ha considerado “un error y un atropello” la decisión de la Ejecutiva Nacional de partido de suspenderle de militancia durante cuatro años y ha anunciado que denunciará internamente y recurrirá a “todos los organismos judiciales que puedan amparar una nueva vulneración de derechos en el seno de EA”.
En declaraciones a los medios de comunicación antes del inicio del pleno del Parlamento de Navarra, Ramírez ha censurado que la decisión de la Ejecutiva “prácticamente es una expulsión por cuatro años de EA”. Ha reprochado, además, que se enteró de su suspensión “por la prensa” y ha señalado que “a día de hoy no tengo constancia por escrito alguno”. “La dirección nacional, en vez de comunicar a los denunciados, optó por iniciar el camino público sin respetar siquiera el derecho a la notificación de las personas expedientadas”, ha afeado.
Ha destacado que estas suspensiones tienen una “incidencia especial” en Navarra ya que afectan a la coordinadora territorial, Miren Aranoa, y a la coordinadora de Pamplona, Esther Korres. A ellas se suman las de los coordinadores territoriales de Álava y Guipúzcoa. “Estamos hablando de unas expulsiones a unas personas con responsabilidades internas importantes, todas ellas elegidas por la afiliación”, ha subrayado.
Asimismo, ha considerado una “perversión del lenguaje” que se diga que se ha adoptado la decisión por unanimidad de la Ejecutiva cuando “tres miembros de esa Ejecutiva nacional han sido expulsados, no se les permitió votar y fueron los cinco restantes los que decidieron expulsarnos a los demás”.
Ramírez ha recordado que el proceso de instrucción surge “a raíz de las sentencias de la Audiencia Provincial de Vitoria donde se declaran vulnerados mis derechos fundamentales a la participación democrática, ordena repetir las primarias de las que fui apartado aún teniendo más de 400 avales mientras que Eba Blanco tenía 55, y anulaba la autoproclamación de Eba Blanco”.
A partir de ahí, ha dicho, “se inició contra mi un expediente disciplinario y a día de hoy no tengo constancia ni de la denuncia original ni de los hechos concretos sobre los que han considerado que he cometido faltas graves y muy graves”. En este sentido, ha criticado que “no he tenido posibilidad de declarar ante el instructor, no he podido presentar pruebas, no he tenido acceso a ninguna documentación sobre los hechos constitutivos de ser penados y sancionados”.
Ramírez ha señalado, además, que el pasado viernes presentó alegaciones y “de forma absolutamente express se convoca ayer una Ejecutiva nacional de urgencia para sustanciar las expulsiones donde se reconoce que no se han leído las alegaciones presentadas”.
Para Maiorga Ramírez se trata de un “proceso absolutamente irregular que voy a denunciar internamente, y recurriendo a todos los organismos judiciales que puedan amparar una nueva vulneración de derechos en el seno de EA“.
Ha resaltado, asimismo, que “todo ello se produce en vísperas de un Congreso Nacional”. Ha recordado que “en julio se convocó el congreso que se iba a celebrar 19 y 20 de febrero y 4 y 5 de marzo”. “De repente ha desaparecido la fecha de 4 y 5 de marzo” y “al parecer todavía no sabemos si tienen previsto organizar el procedimiento para elegir al secretario general, que son unas primarias” donde vote la afiliación porque el congreso, ha remarcado, “es por compromisarios” de cada organización local.
A este respecto, ha censurado que “no se nos permite acceso al censo, no se permite tener el listado de los compromisarios que van a tener derecho al voto en ese congreso, no se nos permite acceder a las actas de las asambleas donde se ha elegido a dichos compromisarios”. “A día de hoy no sabemos a que hora va a empezar el congreso”, ha agregado.
Además, ha destacado que la afiliación está recibiendo “burofaxes diciéndoles que o participan telemáticamente o se les excluye del derecho a participar”. “Quieren hacerlo por la vía telemática cuando no hay ninguna razón sanitaria que lo justifique”, ha criticado el parlamentario.
Se trata, en definitiva, de “un sinfín de irregularidades al que se suma el condicionamiento de la expulsión de cinco miembros de EA que ostentamos responsabilidades internas”. Además, ha censurado el “punto de pitorreo” porque “pretender que esta sanción entre en vigor al día siguiente del congreso para garantizar nuestro derecho de participar y ser elegidos“. “Qué derecho a ser elegidos tenemos si los afiliados deciden que tengamos representación interna y al día siguiente somos expulsados y, por lo tanto, decae; es absolutamente esperpéntico”, ha rechazado.
Para el parlamentario de EH Bildu, esta actuación supone “volver a caer en el error cuando apartaron mi candidatura de las primarias, quitarse de en medio al rival político”.
DOS CONVICCIONES SOBRE LA COALICIÓN CON EH BILDU
Maiorga Ramírez ha explicado que en el seno de EA hay actualmente “dos convicciones” respecto a la coalición con EH Bildu “cuya resolución no tiene otra vía que la democrática, la transparencia y la de poner urnas en los alkartetxes para que la afiliación pueda decidir”.
Así, ha explicado que la dirección de Eba Blanco “entiende que la función de EA es disolverse en sus estructura y hay quienes pensamos que EA es un proyecto necesario para este país y debe brillar con luz propia dentro de EH Bildu, mantener su personalidad y articular el modo de coalición de modo que la ciudadanía perciba EH Bildu como una amplia tesitura ideológica que pueda concitar la adhesión de más votantes y evitar una identificación reduccionista con la izquierda abertzale“. “Son dos convicciones legítimas, lo que no es legítimo es pretender resolver estas discrepancias a golpe de anulación de candidaturas y a golpe de expulsión”, ha recalcado.
Preguntado si su suspensión podría afectar a sus cargos públicos dentro de EH Bildu, ha contestado que los cargos públicos “dependen de la disciplina propia de EH Bildu” y debería ser la coalición la que “determinase algo al respecto, algo que no preveo”. Y ha opinado que “no va a tener consecuencias ni en la Mesa ni en el funcionamiento del grupo parlamentario”.
