Jorge Ignacio Palma Jacome, colombiano de 41 años y vecino de Gandía (Valencia), el hombre que confesó haber descuartizado a la valenciana Marta Calvo, de 25 años, en noviembre de 2019 y cuyo cuerpo no ha sido aún localizado, se enfrenta a partir del próximo 13 de junio a un juicio con jurado popular en el que se le piden desde 130 años de cárcel que le reclama la Fiscalía a tres condenas de prisión permanente revisable. Además del crimen de Marta Calvo, está acusado de dar muerte a otras dos mujeres a lo largo del mismo año, Arlienne Ramos en marzo de 2019 y Lady Marcela Vargas en junio. Todas ellas fallecieron tras tener encuentros sexuales con el acusado donde este se dedicaba a realizar una fiesta blanca, al introducir cocaína en la zona vaginal a las mujeres sin el consentimiento de estas. Otras siete mujeres le acusan también de haberlo intentado en sus citas con ellas. Y así se le responsabiliza de tres delitos de homicidio, once de abusos sexuales y un delito contra la salud pública. Será defendido por la abogada penalista navarra María Herrera, que ya le representó en el juicio al que se enfrentó en Pamplona.
Palma, considerado por los investigadores y los criminólogos contratados por las acusaciones particulares como un depredador y un potencial asesino en serie, había sido condenado en junio de 2018 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra a tres años y tres meses de prisión por tráfico de cocaína. Por estos hechos en Pamplona estuvo ingresado en prisión entre octubre de 2016 y agosto de 2017. Al igual que el resto de la banca de narcotraficantes a la que pertenecía, Palma recurrió su condena ante el Supremo. Pero lo hizo con una intención clara. Y es que se le sustituyera la pena de prisión por su expulsión del territorio español, cuestión que se contemplaba ya en la sentencia pero en la que se precisaba que solo se llevaría a cabo dicha expulsión al cumplir un tercio de la condena. El Supremo, al igual que el TSJN, le respondió que si estimara su petición de expulsión sin cumplir un tercio de la condena, “se podría decir que el delito (de tráfico de drogas) le resultaría rentable, aun siendo de notable gravedad, e indudablemente, sería un agravio comparativo con los restantes condenados en el procedimiento. Así, la expulsión no tiene carácter imperativo ni necesario, y es inexistente el derecho del extranjero condenado a ser expulsado. Se trata de una cuestión que no es de la libre elección del condenado, sino del tribunal”, resolvió primero el TSJN, argumento que también respaldo el Supremo, que ratificó la condena a Palma en su integridad y al resto del clan.
Palma actuó como miembro de una organización, con siete acusados, que traían cocaína desde Valencia a Pamplona o que la distribuían por la propia Comunidad Foral. La Policía Foral localizó a Jorge Ignacio Palma en octubre de 2016 cuando estaban siguiendo la pista a un narcotraficante colombiano domiciliado en la capital navarra, que fue condenado en la misma causa a cuatro años de cárcel. El distribuidor de la droga en Navarra recibía sustancias estupefacientes de Madrid y de Valencia. Por ello, Palma acudió desde su residencia en Gandía y en compañía de otros dos colaboradores a Pamplona en coche para entregar un cargamento. La Policía Foral le localizó dentro del piso con la droga encima, un paquete con casi 300 gramos de cocaína. La investigación descubrió otro medio kilo de droga en diversas mochilas y en otro registro efectuado en un local de Orkoien.
DIJO EN EL JUICIO QUE LA DROGA ERA SUYA Durante el juicio Palma admitió contactar con el narcotraficante de Etxabakoitz y que la droga aprehendida “era suya”. Su defensa trató entonces de que se le estimara una atenuante de toxicomanía, para rebajarle la pena. Aportó para ello un documento de un centro de tratamiento de adicciones de Valencia, pero la Sala no lo tuvo en cuenta ya que no acreditaba que tuviera afectación alguna de las facultades en el momento de los hechos. Refería por entonces que inició el tratamiento en agosto de 2017 y acudía con determinación a rehabilitarse.
LOS DETALLES
Condenado en Navarra a 3 años y 3 meses de cárcel, que serán sustituidos por la expulsión al cumplir un tercio de la pena. El colombiano Jorge Ignacio Palma fue condenado por la Audiencia navarra a 3 años y 3 meses de prisión. Estuvo diez meses preventivo antes del juicio. Y el tribunal dictó que cuando cumpliera un tercio de la condena (es decir 13 meses) se decretara su expulsión del país. El Supremo confirmó la condena después de que el propio Palma recurriera para que le aplicara la expulsión de inmediato, es decir, sin llegar a cumplir ese tercio de la pena. La sentencia ya es firme.
En junio, juicio por 3 homicidios y se enfrenta a prisión permanente. Palma se enfrenta a partir del próximo 13 de junio a un juicio con jurado popular en el que se le acusa de 3 homicidios (el de Marta Calvo y el de dos prostitutas de Valencia) y donde le piden desde 130 años de cárcel por parte de la Fiscalía a tres condenas de prisión permanente revisable que reclaman las acusaciones particulares.
